Dreizung / Wikimedia
En respuesta a un post anterior se pedía explicar qué era eso de “desmercantilizar la vivienda”. Algo que suena muy complicado, pero que en realidad va a lo sencillo: que toda persona con necesidad de vivienda primero vea su derecho cumplido. Que todo negocio inmobiliario exista sin poner en riesgo este derecho.
Dicho aún más claro: primero la gente vive. Luego, si queda espacio, el mercado opera.
Ese es el punto de partida para entender por qué la vivienda no tiene una sola solución. Y por qué cualquier propuesta que se limite a una palanca (construir más, relajar regulaciones, agilizar licencias) está condenada a quedarse corta.
Durante demasiado tiempo, el debate sobre vivienda ha quedado atrapado en una simplificación interesada. Opinadores socialdemócratas y de centro han capturado el debate con un argumento tan elemental como eficaz: oferta y demanda. Hay que construir. Punto. Es fácil de entender, cabe en un titular y permite aislar a la izquierda como una fuerza dedicada exclusivamente a castigar a la iniciativa privada y a pequeños propietarios, mientras bloquea soluciones “pragmáticas”.
Se queda corta porque la vivienda no funciona como un mercado normal.
Ni por el lado de la oferta, ni por el de la demanda.
En la oferta operan actores con incentivos profundamente distorsionados. Desde grandes inmobiliarias hasta portales digitales, pasando por fondos y gestoras, el sistema premia subir precios, fragmentar pisos por habitaciones, desviar vivienda al corto plazo o jugar con figuras contractuales para esquivar regulaciones. No estamos hablando de un bien intercambiable como cualquier otro, sino de un recurso vital gestionado en un contexto de escasez localizada y con una elasticidad mínima. La “tierra” en su sentido amplio (suelo, derecho a construir, entorno habitado, etc.) es una de esas mercancías que Polanyi consideraba ficticias. No podemos “producir suelo” en entornos urbanos como se producen bombillas o vehículos: la vivienda está ahora y siempre atravesada por multitud de convenciones legales y sociales. Cuando la vivienda se somete a la lógica del mercado, se convierte en objeto de especulación, provocando que el derecho irrenunciable a la vivienda se subordine al valor de cambio, generando exclusión.
Y por el lado de la demanda la anomalía es aún más clara. Las personas que intuitivamente asociamos con la necesidad de vivienda (el graduado que se muda a la ciudad para buscar trabajo, la pareja joven que quiere empezar una familia) ya no compiten solo entre ellas. Compiten con inversores especulativos que han identificado en el ladrillo una capacidad de retorno sin parangón. Inversores que, además, reciben mensajes ambiguos del propio Estado: beneficios fiscales, marcos regulatorios laxos y planes de construcción donde el sector privado aparece como mediador principal.
El resultado es un mercado en el que los usuarios finales compiten directamente con el capital financiero. Un combate estructuralmente desigual.
Por eso construir, por sí solo, no arregla el problema. Puede incluso agravarlo si el nuevo stock entra directamente en circuitos especulativos. El error estratégico del centro y la socialdemocracia ha sido pensar la vivienda por piezas: un poco de oferta aquí, una ayuda allá, alguna regulación suelta, y confiar en que el sistema se reequilibre.
No funciona así.
Wolfsonian
Con la vivienda hay que hacerlo todo, a la vez, y en todas partes.
No como consigna maximalista, sino porque estamos ante un sistema cerrado, donde cada intervención aislada genera fugas por otro lado.
Si regulas sin ampliar parque, sigues pendiente de aumentar la oferta.
Si construyes sin regular, alimentas la burbuja porque las dinámicas de compraventa siguen intactas.
Si ayudas a la demanda sin tocar la estructura de propiedad, acabas transfiriendo renta pública a rentistas privados.
Y, al mismo tiempo, hay que transmitir algo fundamental a la ciudadanía: esta legislatura no es solo gestión del presente. Es siembra de futuro. La ley de vivienda de la legislatura anterior fue un comienzo. Ahora toca convertir ese marco en intervención real: desde las actuaciones de Consumo hasta las prórrogas de contratos, plenamente constitucionales como ya han respaldado los tribunales. Plantar hoy las semillas para que la vivienda deje de ser un activo financiero y empiece a consolidarse como derecho efectivo.
Pero también hay que explicar algo que a menudo se pierde en el ruido: ninguna medida aislada, por pequeña que parezca, tiene sentido fuera de una hoja de ruta compartida. Cada intervención debe leerse como parte de un proceso acumulativo, porque mucha gente ya no cree que pueda hacerse nada y porque una parte importante de las competencias están en manos de comunidades autónomas y municipios. La presión del Gobierno central tiene que trasladarse hacia abajo y hacia fuera, convirtiéndose en exigencia política territorial. Estamos hablando de un recorrido que llevará años, probablemente una década entera. Pero el resultado puede ser resolver un problema estructural que arrastran la mayoría de países occidentales. No es una utopía: es una oportunidad histórica para liderar ese cambio. La izquierda debe hacer de esto un proyecto país, empleando sanciones a corto plazo para castigar a actores especulativos y desmarcarse del consenso político; marcando un horizonte al largo para que su electorado entienda también que la tarea por delante no se completará en un día.
Si uno mira el paquete que la izquierda ha puesto sobre la mesa, lo interesante no son las medidas aisladas. Es el sistema que forman cuando se entienden juntas.
El primer movimiento es estabilizar la vida de quienes ya están dentro. Prórrogas automáticas de contratos, regulación inmediata de rentas incluso allí donde las comunidades no han querido declarar zonas tensionadas, equiparación de derechos en el alquiler por habitaciones y cierre de la vía de escape del alquiler de temporada. No es un detalle técnico. Es un escudo directo para millones de personas inquilinas. Sin estabilidad residencial no hay proyecto vital. Y sin proyecto vital no hay país.
El segundo eje actúa sobre lo que realmente está tensionando el mercado: la acumulación y la inversión especulativa. Gravar el patrimonio inmobiliario a partir de cierto umbral, eliminar ventajas fiscales al alquiler que no sea asequible y limitar la compra destinada a arrendar por encima de los índices de referencia cambia la lógica del sistema. Comprar vivienda deja de ser automáticamente una máquina de rentas crecientes. Si quieres invertir, tienes que hacerlo en alquiler asequible. Esto no es ideología: es política económica básica.
El tercer pilar recupera vivienda hoy desviada hacia usos no residenciales. Considerar turísticos todos los alquileres de muy corta duración, aplicar IVA a las viviendas de uso turístico y reforzar el registro y el régimen sancionador no es una cruzada moral contra plataformas, sino una operación de rescate del parque residencial, especialmente en centros urbanos y zonas tensionadas. Menos vivienda convertida en activo rotatorio. Más hogares reales.
Con esto en marcha, ampliemos oferta. Pero oferta pública. A través de inversión directa, compra de vivienda existente y construcción bajo control público, con el objetivo explícito de crear un parque permanente de alquiler asequible y social. Este punto solo tiene sentido porque va acompañado de todo lo anterior. Construir sin haber regulado antes es alimentar la rueda especulativa. Construir después de estabilizar precios y cortar incentivos perversos es empezar, por fin, a cambiar la estructura del mercado.
Visto así, deja de ser un conjunto de parches. Es una estrategia de intervención completa: proteger primero, desincentivar la especulación después, recuperar vivienda desviada y, finalmente, expandir el parque público.
Todo a la vez. En todas partes.
Y aquí reaparece con claridad la diferencia política fundamental.
Frente a quienes sostienen que basta con relajar regulaciones, agilizar licencias y movilizar suelo para que el mercado haga el resto, nuestra respuesta es sencilla: sin regulación fuerte, sin control de rentas, sin límites a la especulación y sin un parque público robusto, facilitar la construcción solo acelera la financiarización. No baja precios: aumenta el volumen de activos disponibles para la extracción de rentas.
Ellos empiezan por el suelo y terminan en la rentabilidad y conciben la vivienda como un problema de cuellos de botella administrativos. Nosotros la entendemos como lo que es: un sistema atravesado por relaciones de poder, incentivos perversos y competencia desigual entre hogares y capital.
Por eso su solución siempre parece sencilla: más grúas, menos reglas. Y por eso la nuestra exige más: estabilizar a quienes viven de alquiler, cerrar vías de fuga especulativas, cambiar los incentivos de inversión, recuperar vivienda para uso residencial y solo entonces construir masivamente desde lo público. No porque nos guste regular por regular, sino porque si el Estado no arbitra en favor de los ciudadanos, el resultado está cantado. Lo estamos viviendo.
Y eso no sería un error técnico. Es una decisión política.
