La semana pasada participé con una compañera en una sesión académica de la asignatura Políticas para la infancia y juventud que imparte el Profesor Giorgio Jackson en el Máster Universitario en Políticas Públicas y Sociales de la UPF de la Barcelona School of Management. La sesión buscaba explicar una de las propuestas que entendemos fundamental para el desarrollo social del país: la prestación universal por crianza.
Allí explicamos a un grupo de estudiantes de máster cómo concebimos una prestación así. No como una ayuda más. No como un parche. Sino como una política pública estructural, con distintos diseños posibles, con tensiones reales y con desafíos administrativos importantes. Lo interesante no fueron tanto las preguntas técnicas (que también) como el reflejo inmediato de una parte del auditorio:
Foto de la sesión durante la presentación inicial.
Y ahí aparece siempre la idea profundamente arraigada de que las políticas sociales solo son legítimas si van dirigidas exclusivamente a “quien lo necesita”. De que universalidad es sinónimo de despilfarro. De que ayudar a todos es, en el fondo, ayudar mal. Ese reflejo es comprensible. Pero es un error.
Un error político. Un error administrativo. Y, sobre todo, un error redistributivo.
También conviene poner las cifras encima de la mesa, porque aquí no estamos hablando solo de justicia social. Estamos hablando de desarrollo económico.
Según los cálculos del Alto Comisionado contra la pobreza infantil, la pobreza infantil en España tiene un coste agregado de al menos un 5,1% del PIB anual, entre pérdida de productividad futura, peores resultados educativos, mayor gasto sanitario y menor recaudación fiscal. Traducido: más de 63.000 millones de euros al año. Cada persona adulta que creció en pobreza gana de media más de 5.000 euros brutos menos al año que quien no lo hizo, y el Estado deja de recaudar miles de euros por cada uno de esos trayectos vitales truncados.
Diapositiva de la presentación.
Así, la pregunta correcta no es quién recibe el dinero en primera instancia. La pregunta es quién acaba ganando con el sistema actual. Ese es el punto de partida.
Una prestación universal por crianza implicaría que toda familia con hijos recibe un ingreso periódico por el hecho de criar. Sin laberintos burocráticos. Sin tener que demostrar pobreza. Criar implica un coste para las familias; la pobreza infantil es un lastre para el país. Punto. A partir de ahí, el sistema fiscal se encarga de que quienes más tienen devuelvan más de lo que reciben.
Eso no es una concesión al liberalismo. Es socialdemocracia clásica. Es el mismo principio que sostiene la sanidad pública o la educación: todo el mundo entra, pero el esfuerzo se reparte de forma progresiva. La alternativa, el modelo asistencialista, promete precisión quirúrgica: solo ayudas para los pobres. En teoría suena bien. En la práctica es un desastre.
De hecho, ya vivimos dentro de ese modelo.
España tiene hoy varias piezas supuestamente diseñadas para apoyar la crianza y combatir la pobreza infantil:
la deducción por maternidad en el IRPF,
el complemento de ayuda para la infancia (CAPI) ligado al Ingreso Mínimo Vital,
y el propio IMV.
Sobre el papel, el sistema parece focalizado y eficiente. En la realidad, excluye sistemáticamente a quienes más lo necesitan.
La deducción por maternidad depende de tener empleo formal y de interactuar con Hacienda. Muchas mujeres en situación precaria no cumplen los requisitos o directamente no presentan declaración de la renta.
El CAPI tiene un take-up bajísimo: una parte enorme de las familias elegibles nunca lo recibe. No porque no lo necesiten, sino porque el procedimiento es complejo, la información no llega y la administración exige una capacidad de navegación burocrática que precisamente las familias más vulnerables no tienen.
El IMV arrastra problemas similares: retrasos, denegaciones, revisiones interminables, y una tasa de no acceso estructural. De hecho, para recibir el CAPI hay que pedirlo primero, incluso cuando no cumples las condiciones del IMV.
Resultado: el sistema “para pobres” no llega a los pobres. No es una anomalía española. Es una regularidad internacional. Cuanto más condicionada está una prestación, más gente se queda fuera. Barreras administrativas, estigmatización, miedo a equivocarse, desconfianza institucional. Es la paradoja de la redistribución que identificaron Korpi y Palme.
¿En qué consiste esta paradoja? Los estados de bienestar que destinan sus beneficios principalmente a los pobres logran una reducción general de la desigualdad menor que los sistemas universales. Si bien los programas focalizados son más eficientes en términos de gasto, a menudo carecen de apoyo político, lo que resulta en su degradación. Por el contrario, el universalismo involucra a la clase media, generando un gasto social mayor, más redistributivo y más sostenible.
Para las familias con rentas más bajas, la universalidad elimina de golpe la mayor parte de filtros:
No tienes que demostrar que eres suficientemente pobre.
No tienes que rellenar formularios imposibles.
No tienes que exponerte al juicio moral del sistema.
Tienes hijos: cobras. Eso cambia completamente la escala.
Diapositiva de la presentación.
Pero hay algo aún más importante, y aquí la izquierda suele quedarse corta. La universalidad no solo mejora el acceso. También crea infraestructura cívica.
Si toda familia tiene derecho a una prestación por crianza, de repente lidiar con la administración deja de ser un trámite opaco reservado a las clases medias formales. Pasa a ser una puerta de entrada a derechos. A ingresos. A reconocimiento administrativo. Y para la clase media, las ayudas de infancia dejan de ser subsidios para pobres, para ser un servicio más que presta el Estado para aliviar los costes de crianza.
Y aquí aparece otra idea que incomoda: una prestación universal por crianza no compite con los servicios públicos en especie. Los refuerza. UNICEF y la OIT son muy claros: los países que mejor reducen pobreza infantil combinan prestaciones monetarias universales con educación, sanidad, comedores escolares, cuidados y políticas de conciliación. No es una cosa u otra. Es el paquete completo. Pero también muestran algo clave: allí donde faltan transferencias monetarias directas, como en España, el sistema cojea aunque existan servicios públicos razonables.
Además, hay un punto que a menudo se pierde en los debates más tecnocráticos: el dinero en mano importa. No sustituye a la escuela pública ni al pediatra ni al comedor escolar. Pero en una sociedad monetizada como la nuestra, donde el alquiler, la alimentación, la energía o el transporte se pagan con euros contantes y sonantes, una transferencia estable y predecible marca una diferencia real en la vida cotidiana. Permite absorber shocks, planificar, y reducir ansiedad financiera para millones de familias.
Diapositiva de la presentación.
Las propias evaluaciones internacionales muestran que las transferencias monetarias orientadas a la infancia son de las herramientas más progresivas del Estado del bienestar, porque los niños se concentran en los deciles bajos de renta. Es decir: aunque formalmente la prestación sea universal, su impacto redistributivo es mayor abajo que arriba.
Y es aquí donde el argumento de “¿por qué darle dinero a los ricos?” se revela por lo que es: una trampa conceptual. Sí, los ricos también cobrarán la prestación. Igual que pueden llevar a sus hijos a un colegio público o ir a un hospital público. La diferencia es que luego pagan mucho más vía IRPF, patrimonio o sociedades. Si el sistema fiscal funciona, la prestación se les devuelve con creces. Intentar evitar que reciban esos 100 o 200 euros al mes a base de condicionalidad acaba costando mucho más: en burocracia, en exclusión y en debilitamiento político del propio programa.
Hoy, quienes salen con más fuerza contra la universalidad no suelen ser la derecha clásica, sino sectores del centroizquierda. Invocan prudencia fiscal, coste de oportunidad, priorización quirúrgica. Pero es un enfoque equivocado. Porque el asistencialismo selectivo no es más barato cuando se tienen en cuenta los costes administrativos, el no take-up, la fragmentación institucional y, sobre todo, el fracaso en sacar realmente a los niños de la pobreza.
La universalidad, en cambio, permite algo que el centroizquierda ha ido olvidando: construir mayorías, crear derechos estables y luego redistribuir vía fiscalidad progresiva. Primero entra todo el mundo. Después, quien más tiene más aporta. Ese es el orden correcto. Las políticas universales crean mayorías sociales. Las focalizadas crean beneficiarios aislados. Y sin mayorías no hay sostenibilidad.
Por eso la izquierda debe abandonar el espejismo asistencialista. No porque no importe la redistribución (al contrario) sino porque la redistribución efectiva no se logra levantando muros de acceso, sino combinando universalidad en el acceso con progresividad fiscal en la financiación.
Tratar la crianza como un asunto individual que solo merece apoyo cuando hay pobreza extrema es una miopía política de primer orden. Una prestación universal por crianza no es un regalo. Es una inversión colectiva. En igualdad de oportunidades. En estabilidad vital. En capacidad del Estado para llegar donde hoy no llega. Y también es una oportunidad estratégica: para modernizar nuestra administración social, para reforzar el contrato fiscal y para demostrar que la izquierda no solo gestiona escasez, sino que sabe construir sistemas.
La pregunta no es si podemos permitirnos una prestación universal. La pregunta es si podemos permitirnos seguir con un modelo que presume de ayudar a los pobres mientras los deja fuera.
