Foto: Carlos Barria, Reuters

Las presiones de Donald Trump sobre Jerome Powell y la Reserva Federal han provocado algo llamativo: una reacción corporativa de banqueros centrales de medio mundo en defensa de la “independencia” de sus instituciones. El gesto ha reactivado un viejo debate en la izquierda, que nunca se ha sentido cómoda con los bancos centrales tal y como han funcionado en las últimas décadas.

La pregunta es tentadora: ¿ayuda Trump, sin quererlo, a desmontar la falacia ortodoxa de la independencia de los bancos centrales? ¿O estamos ante algo distinto y más peligroso: un ataque frontal a uno de los pocos cimientos constitucionales que todavía limitan el poder arbitrario del Ejecutivo?

Puede resultar incómodo para cierta izquierda, pero creo que la segunda lectura es más acertada. Creo que este debate toca una zona ciega recurrente en la izquierda: la tendencia a confundir la crítica justa a un orden institucional con la celebración automática de su colapso.

Durante años hemos argumentado (con razón) que los bancos centrales no son neutrales. Que su “independencia” ha servido para blindar una política monetaria al servicio del capital financiero, elevar el paro como herramienta disciplinaria y vaciar de contenido la soberanía democrática. Nada de eso es falso. Pero Trump no está cuestionando ese régimen tecnocrático para democratizarlo, sino para someterlo directamente a una lógica personalista y autoritaria.

No es un matiz menor. No estamos ante un presidente que quiera devolver la política monetaria al control popular, sino ante alguien que concibe cualquier institución autónoma como un obstáculo ilegítimo. La Fed, la EPA medioambiental, las agencias de salud pública, los organismos científicos: todo aquello que no obedece de forma inmediata se convierte en enemigo.

De hecho, el ataque a Powell encaja perfectamente con un patrón más amplio: recortes masivos a la financiación científica, abandono de marcos multilaterales como el IPCC, desprecio abierto por organismos internacionales de negociación y verificación.

Trump no está desnudando la falsa neutralidad del neoliberalismo; está dinamitando la idea misma de un terreno de juego institucional compartido.

Y aquí es donde la historia puede servirnos de advertencia.

En la Austria de entreguerras, el socialismo democrático se encontró en una situación paradójica. El Estado republicano postimperial no era un instrumento plenamente propio: estaba atravesado por élites conservadoras, nacionalistas antisemitas y fuerzas que aspiraban directamente al Anschluss con la Alemania nazi. Sin embargo, fue precisamente ese socialismo el que defendió con mayor firmeza la integridad constitucional de la república. En 1928, ante la amenaza de una guerra civil abierta, el partido de los socialdemócratas austriacos empleó con astucia la llamada a la huelga general pacífica para demostrar a las milicias fascistas que los obreros respaldaban al Estado y lo defenderían frente a cualquier golpe ilegítimo. Este movimiento dejó a los protonazis austriacos aislados, retrasando al menos una década la fascistización del país (favorecida enormemente por infiltrados alemanes).

¿Por qué era importante defender los procedimientos republicanos para la izquierda? Porque ese marco institucional tras años de autoritarismo imperial, con todas sus limitaciones, permitió experiencias como la Viena Roja: vivienda pública masiva, servicios sociales avanzados, una sociedad civil organizada y politizada. No porque el Estado fuera neutral, sino porque era disputable. Porque existía como espacio común frente a quienes querían liquidarlo para siempre. Fue solo cuando más actores empezaron a denunciar la ineficacia del parlamento austriaco, la república y la clase política en su conjunto, que la solución “sencilla” de autoritarismo y unión con la Alemania nazi empezó a cuajar entre los votantes conservadores.

Algo parecido ocurre hoy, a otra escala, con el orden internacional y con muchas instituciones que la izquierda ha criticado (de forma acertada) como expresiones del (neo)liberalismo ajenas a sus propias perspectivas políticas. Trump no las está erosionando por insuficientemente democráticas, sino porque limitan su capacidad de imponer relaciones de fuerza. La crisis de entreguerras estuvo marcada por decenas de pequeños momentos que hicieron mella en la normalidad institucional. Si bien es cierto que el fascismo se expandió militarmente, en muchos países ya había calado la percepción de que la política democrática, la negociación entre iguales y los derechos civiles eran impedimentos para la grandeza nacional.

Esto plantea un dilema estratégico para una izquierda hoy debilitada, fragmentada y a la defensiva. ¿Puede (o debe) ofrecer un apoyo crítico a instituciones imperfectas cuando la alternativa real no es su superación, sino su captura autoritaria o su demolición?

El debate no es abstracto. Lo hemos visto recientemente con Mercosur. Para buena parte de la izquierda, con buenos motivos, el acuerdo sigue respondiendo a un patrón clásico de libre comercio que reproduce asimetrías, presiona a sectores vulnerables y no rompe con una lógica extractivista que choca frontalmente con cualquier proyecto ecosocial. Nada de eso desaparece por firmarlo, ni puede disimularse con retórica verde o cláusulas sociales de baja intensidad.

Dicho con claridad: si la izquierda tuviera hoy hegemonía política, este no sería el acuerdo comercial que impulsaría.

Pero no la tiene. Y ahí es donde entra una lectura menos cómoda, pero estratégicamente necesaria. En el mundo realmente existente, la disyuntiva no es entre el acuerdo ideal y Mercosur, sino entre un marco imperfecto pero institucionalizado (susceptible de disputa, reforma y elevación de estándares) y un escenario de fragmentación y bilateralismo salvaje.

Este último es exactamente el terreno en el que Estados Unidos, bajo Trump, sabe jugar para dividir y vencer.

La tentación de celebrar cada ataque de Trump como una revelación automática de las contradicciones del sistema es comprensible, pero peligrosa. No todo lo que se tambalea bajo sus golpes cae del lado correcto de la historia. Algunas cosas, sencillamente, dejan de sostener la posibilidad misma de conflicto democrático.

Autor: Ricardo Stuckert

Tal vez la lección (incómoda, pero necesaria) es que una izquierda sin fuerza suficiente para imponer su propio diseño institucional necesita reaprender el arte del apoyo crítico. Defender ciertas agencias, ciertos marcos y ciertas reglas no porque sean justas en sí mismas, sino porque su desaparición abre paso a algo mucho peor.

El Brexit británico con Corbyn al frente bien podría haber facilitado una renovación democrática y económica del país frente a una UE inmovilista. Paradójicamente, con la pandemia vimos lo contrario: un Brexit fagocitado por los conservadores, un país estancado y amenazado por un posible giro histórico de Reino Unido hacia el “neomoslismo” de Farage; frente a una UE que impulsó una recuperación económica sin precedentes con los fondos Next Generation.

¿Un banco central antifa? Evidentemente no. Pero quizá, en un mundo donde la alternativa no es la democratización sino el decisionismo autoritario y la destrucción de cualquier mediación, incluso las instituciones más frías y tecnocráticas pueden convertirse (transitoriamente) en trincheras que merece la pena disputar antes de que sean arrasadas.

Este principio no vale solo para Washington, Bruselas o el comercio internacional. También debería orientar la reflexión estratégica en la democracia española, donde la erosión de la confianza institucional avanza más rápido que la capacidad de construir alternativas. Defender reglas, agencias y procedimientos no porque sean justos en sí mismos, sino porque siguen siendo el terreno común sobre el que aún es posible el conflicto democrático, puede ser hoy una posición menos épica, pero más responsable.

A veces, sostener el tablero no es conservadurismo: es la condición mínima para poder volver a disputar la partida.

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